jueves, 17 de diciembre de 2009

Entrevista a la Hija de Kalinec (doctor K)

Analía Verónica es la hija de Eduardo Emilio Kalinec y decidió contar la historia de su padre. el doctor K está siendo juzgado en la causa ABO, junto a otros represores.
Por Jimena Rosli


Papi está preso”. El llamado la aturdió. Tenía a su hijo en brazos, a punto de amamantarlo. “Es por cuestiones políticas, culpa de este gobierno”, le dijo su madre. En vez de aclarar las cosas, la confundió más. Aquel 31 de agosto de 2005 Analía Verónica se fundió en un llanto largo y profundo. Es la hija de Eduardo Emilio Kalinec, alias Doctor K, uno de los diecisiete implicados en la causa de Campo de Mayo por la represión ilegal perpetuada durante la última dictadura militar. A su padre se lo juzga por intervenir en la custodia de los detenidos, en interrogatorios y en tormentos en tres centros clandestinos de detención: Atlético, Banco y El Olimpo. Oficial ayudante de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal Argentina, Kalinec llegó a ser comisario, aunque siempre negó haber llegado a ese cargo en la fuerza.
Analía no cuenta su historia, la escupe. Escribió una carta abierta de cincuenta hojas. Después de mucho meditarlo, hoy decide hablar con Miradas al Sur. Lo hace firme y en ningún momento titubea. Su hijo más pequeño llora, demandando un poco de atención. Le tira de las polleras negras de bambula. “Éstas son las fotos de la época en que mi papá era represor”, muestra Analía. Una foto carnet blanco y negro muestra a un muchacho joven de cejas negras. De civil, con expresión seria. Algo sonriente.
Analía es docente. Trabaja como maestra recuperadora de chicos con dificultad en el aprendizaje. Su labor consiste en sacarlos del aula y nivelarlos, para luego incluirlos y posibilitar la integración. Defensora de la educación pública, paró semanas atrás contra el gobierno de Mauricio Macri. Dos de sus hermanas son policías. María de los Ángeles –Titi– se recibió de abogada en el Instituto Universitario de la Policía Federal y trabaja en un estudio de abogados policías. Alejandra es licenciada en Relaciones Internacionales, graduada en la misma institución.
“Fijáte cómo son las cosas: a las dos las metió mi viejo –se resigna Analía– y es como un clan. Yo quiero sacar a mis hijos de ahí”. La otra hermana, Claudia, cortó relación con la familia y nunca más se supo de ella. Paradojas de la vida, su marido estuvo exiliado durante la dictadura, dos de sus amigos aún están desaparecidos, y su suegro, el Doctor K, está involucrado en la causa.

Las visitas. Marcos Paz fue el primer destino de Eduardo Emilio Kalinec. Antes de terminar en Devoto, tuvo una estadía en el edificio del Cuerpo de Policía Montada. Fue el único que tuvo ese privilegio. Según Analía, porque tiene una memoria prodigiosa. Mejor bien cuidadito con tanta información. Los domingos eran los días de asado familiar en el quincho del lugar. No faltaba ni el aire acondicionado ni Lunero –el caballo que le habían asignado para que descanse– ni el vecino Christian Von Wernich. “Pobre cura, es muy buena persona”, decía su padre.
El fin de semana siguiente a la elevación de la causa a juicio oral, Analía, su madre y su hermana Titi lo fueron a saludar. El mandato era claro: papá estaba bajoneado y había que tirarle buena onda. “Cuando lo vi me impresioné. Estaba con los ojos llorosos y muy nervioso. Lo abracé fuerte y le di un beso. Nos sentamos, me agarró la mano y me preguntó si pensaba que él era un monstruo. Yo le dije que sí. Empezó a temblar”. Al otro día, lunes 30, sonó su teléfono celular. Estaba dejando a sus hijos en el jardín. Apenas atendió, una voz grabada le informaba que la llamada provenía de un instituto penitenciario. Le resultó extraño. Su padre nunca la llamaba a su teléfono personal. Con la voz llorosa, Kalinec le confesó lo solo que se sentía y cuánto necesitaba escucharla. Analía, con un nudo en la garganta, intentó explicarle que tenían maneras diferentes de pensar. Esa noche le garabateó una carta. “Te invito a sincerarte, a que permitas cuestionarte. Te invito a ponerle el pecho a tu propia historia. Sin picanas ni submarino”.
El escrito tuvo sus repercusiones. Su mamá la llamó y le reprochó la carta horrible que había escrito. En un papelito al lado del teléfono, Analía respondió: “Horrible no es lo que yo hago, horrible es lo que él hizo. Horrible no es lo que digo, horrible es no decirlo. Horrible no es mi carta, horrible es lo que pasó”. La situación la desbordó y afectó a sus hijos. La llamaron los directores del jardín, alarmados. Su hijo más grande andaba diciendo a sus compañeros que su abuelito “había matado muchas personas”. Los nenes de sala de cinco años, interesados, lo atosigaban a preguntas sobre si lo había hecho con una ametralladora o con qué tipo de arma.

La crisis. “Recién caí en lo que era mi viejo cuando la causa se elevó a juicio oral”, confiesa Analía. La orden la había dado el juez federal Daniel Rafecas el 25 de junio de 2008 y el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal sería el encargado de realizar el juicio. Kalinec negó siempre su participación en los hechos que se le imputan. Incluso promete hacerle un juicio millonario al Estado apenas salga en libertad. Su abogado defensor, Juan Martín Hermida, había pedido su excarcelación por falta de méritos. Sin embargo, en la cárcel, le dijo una vez a Analía: “¿Cómo no ponerle una picana a un tipo que sabés que tiene información?”.
Dispuesta a investigar, Analía le pidió a su hermana Claudia que le envíe la causa por mail. Se sentó en la computadora y empezó a leer. No paró de llorar hasta terminar las 812 fojas. Luego puso el nombre de su padre en Google. Listados de organismos de derechos humanos lo nombraban y lo denunciaban por hallarse en funciones. Y libre.
“Al principio me comí el buzón de que él luchó por la patria. Lloraba por lo injusto de la situación. Sin darme cuenta me fui dando cuenta. Y empecé a llorar por lo justo de la situación”, confiesa Analía. A Kalinec se lo acusa de 181 privaciones ilegítimas de la libertad. Lo nombran los testimonios de Mario César Villani, Ana María Careaga, Delia Barrera de Ferrando, Miguel D’Agostino, Nora Bernal, Daniel Aldo Merialdo, Horacio Cid de la Paz y Javier Antonio del Cerro.
“Es muy duro saber que mi papá empuñaba una picana con las mismas manos con las que me tocaba. Y que la misma voz que me sigue diciendo que me quiere es la misma que dio orden de muerte y de tortura. ¿Cómo puedo hacer para unir en la misma persona a mi papá y al Doctor K?”, se pregunta Analía en su carta. Intentó hablar con su familia, pero ninguno quería. Hermética, su abuela Elsa –la mamá de su padre– decía no recordar nada. Sólo Laura –la hermana de su papá– accedió a contar todo lo que sabía. De chica, ella también había sufrido torturas por parte de su hermano. Le ponía la cabeza en un balde de agua durante mucho tiempo, hasta la desesperación. “Es un juego”, le decía el futuro Doctor K.
Laura le contó también sobre su primer matrimonio con un señor de apellido Giménez, que fue compañero de Kalinec durante la dictadura. Algunas veces, cuando volvía a su hogar, Giménez llegaba descompuesto y vomitaba. Y le decía a la tía de Analía: “Esto es una carnicería, yo no sé como tu hermano puede hacer lo que hace”.
Analía se enteró de lo que tenía ganas de enterarse y también de lo que no. De abusos familiares, de infidelidades –varias– por parte de su padre. Hasta de una supuesta media hermana, de una mujer que su padre habría dejado embarazada. Recordó a su padrino, un tal Fernando Guillermo González, al cual no vio nunca más. González había adoptado una beba llamada Mariana en el año ’80. Intentó buscarla, pero al tener un apellido tan común se le complicó. Analía tiene serias sospechas de que esa nena es hija de desaparecidos.

Las cosas por su nombre. “Mi papá es un represor”, sentencia Analía. La dureza y realidad que impone al hablar se reflejan en sus ojazos azules. En ningún momento se le llenan de lágrimas. Hoy hace terapia en el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Ya casi no se habla con nadie de su familia y sólo la acompaña Luis, su marido. Mucho antes de que se sepa todo, en una muestra de derechos humanos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, su primo Germán encontró el nombre y apellido de su padrino, el papá de Analía.
Era uno de los pocos que no tenía fotografía. Al parecer, organismos de derechos humanos lo habían estado siguiendo para fotografiarlo, pero ante el hábil y escurridizo hombre, nunca dieron con su cometido. Analía fue quien aportó su imagen. La entregó personalmente a la agrupación Hijos. Su rostro es hoy difundido en carteles que exigen juicio y castigo. “Meses antes de que lo lleven a prisión preventiva estaba con una actitud muy persecuta –deduce Analía–. Algo sabía. Alguien le había informado.”
El día del inicio del juicio, el único espacio libre para acceder a la sala era para un familiar. Analía no quiso entrar así. Estuvo en lista de espera con un primo hasta que lograron entrar como público: “No iba como familiar a apoyar lo que hizo. Yo vengo como parte de una sociedad. De última como hija, pero para repudiarlo y denunciarlo”. La separaba de su padre una distancia de seis metros. Lo encontró igual a como lo había visto la última vez, quizás un poco más gordo.

De animalito a mujer. A Analía su papá la llamaba la vizcachita, porque en un momento, cuando era chica, sólo tenía dos dientes arriba y dos abajo. Como el animalito. “De chica yo era su novia. Siempre lo acompañaba a todos lados y estaba con él. Cuando él venía de trabajar yo iba a recibirlo gateando”, escribe en su carta abierta Analía. Y pone el verbo “trabajar” en itálica.
La historia de Analía es similar a la de Ana Rita Laura Pretti Vagliati, hija del comisario bonaerense Valentín Milton Pretti, alias Saracho. Su padre había participado de la dictadura militar, torturado y asesinado personas. Presentó una demanda en el tribunal de familia número 2 de Lomas de Zamora para suprimir su apellido paterno. En 2007 se convirtió en el primer y único caso en el cual la Justicia autorizó a llevar sólo el apellido materno. Se le hacía insoportable llevar su nombre junto a la herencia de un torturador. Analía lo pensó, pero no tomó la misma decisión: “Es parte de mi historia y de lo que soy yo”. Es la misma dicotomía que se le presenta hoy. El proceso que aún sigue resolviendo. Que terminará el día que se dicte la sentencia. O posiblemente ni siquiera. El máximo deseo de Analía es dejar de ser su vizcachita y pasar a ser una mujer con identidad propia.
–¿Lo seguís queriendo a tu papá?
–Sí, es mi papá y siempre lo va a ser. Lo quiero, pero lo espero de la vereda de enfrente.
fuente: www.elargentino.com

lunes, 14 de diciembre de 2009

Lunes 14 de Diciembre

Comenzaron a declarar los testigos en juicio por delitos en Primer Cuerpo de Ejército
14/12/2009 - Este lunes arrancaron las audiencias testimoniales en el proceso por delitos en los centros clandestinos de detención que funcionaron sucesivamente en Atlético, Banco y Olimpo. Todos los imputados se negaron a declarar
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Comenzaron a declarar los testigos en juicio por delitos en Primer Cuerpo de Ejército

Este lunes, a partir de las 14, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la Capital Federal comenzó a escuchar declaraciones testimoniales en el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno de facto en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

Se trata del debate en el que se investigan las causas caratuladas “Miara, Samuel y otros” y “Tepedino, Carlos Alberto Roque y otros”, referidas a crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron sucesivamente en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, en perjuicio de 184 víctimas.

En el primero de los casos la acusación se circunscribe a delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos, mientras que el segundo corresponde al homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora de De Pedro.

El juicio comenzó el 24 de noviembre y el debate está a cargo de los jueces Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori. Durante las primeras audiencias todos los imputados se negaron a declarar.

Las jornadas se desarrollan los lunes, martes y miércoles (este último semana de por medio), a partir de las 9. Se estima que el debate se prolongará durante 8 meses y que prestarán declaración testimonial alrededor de 400 personas.


Causa “Miara”

En la primera de las causas del juicio, además de Samuel Miara (Subcomisario (R) de la P.F.A.), los imputados son: Julio Héctor Simón (Oficial (R) de la P.F.A.); Raúl Antonio Guglielminetti (Ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino); Raúl González (Comisario (R) de la P.F .A.); Eufemio Jorge Uballes (Subcomisario (R) de la P.F.A.); Eduardo Emilio Kalinec (Comisario (R) de la P.F .A.); Roberto Antonio ROSA (Oficial (R) de la P.F.A.); Juan Carlos Falcón (Principal (R) de la P.FA.); Luis Juan Donocik (Comisario (R) de la P.F.A.); Oscar Augusto Isidoro Rolón (Oficial (R) de la P.F.A.); Guillermo Víctor Cardozo (Primer Alférez de Gendarmería Nacional);Eugenio Pereyra Apestegui (Primer Alférez de Gendarmería Nacional); Juan Carlos Avena (Oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal); Ricardo Taddei (Principal de la P.F.A.); y Enrique José Del Pino (Capitán del Ejército Argentino).

El fiscal interviniente es Alejandro Alagia, miembro de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.

Las 47 partes querellantes se encuentran unificadas en dos grupos bajo la representación, por un lado, de Carmen Elina Aguiar de Lapacó, Carolina Varsky y Florencia Gabriela Plazas, y por el otro, de Delia Barrera y Ferrando, Jorge Paladino y Jorge Alberto Allega (con la asistencia de Luis Fernando Zamora y Luz Palmás Zaldúa).


Causa “Tepedino”

En el expediente que encabeza Carlos Alberto Roque Tepedino (Jefe del Batallón de Inteligencia 601), están imputados también Mario Alberto Gómez Arenas (segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601); Enrique José Del Pino (Capitán del Ejército Argentino); y Juan Carlos Avena (Oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal).

En este caso se investiga el hecho que habría acontecido el día 11 de octubre de 1978, cuando personal de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, en apoyo del Primer Cuerpo de Ejército, habría ejecutado un procedimiento en el cual se habría producido el homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora De Pedro (embarazada de ocho meses al momento del hecho). En el domicilio se encontraba el menor Eduardo Enrique De Pedro, quien habría sido sustraído por las fuerzas intervinientes y entregado a su familia recién el 13 de enero de 1979.

En lo que a este expediente concierne, se dispuso que la lectura del requerimiento de elevación a juicio, auto de clausura, cuestiones preliminares, indagatorias y producción de prueba, se materialice una vez finalizado el juicio oral que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 1 de San Martín en la causas nros. 2043/2031/2034/2023 donde se encuentra acusado Tepedino, todo ello en el marco del juicio oral que se estará desarrollando en relación a la causa nro. 1668 del registro del tribunal.

En la causa se encuentra constituido como parte querellante Eduardo Enrique De Pedro, con la asistencia de Jacobo Grosman. También interviene el fiscal Alagia.
Fuente: http://www.cij.gov.ar/imprimir.html?nid=3119

jueves, 10 de diciembre de 2009

Jueves, 10 de diciembre de 2009

Once imputados por delitos de lesa humanidad no prestaron declaración por consejo de sus abogados
Un renovado pacto de silencio
Alineados frente al Tribunal Oral Federal 2, los militares, gendarmes y policías acusados por su actuación en el Atlético, El Banco y El Olimpo no hicieron uso de la palabra. Esta vez, las cámaras pudieron registrar los rostros de los victimarios.

Por Diego Martínez

El pacto de silencio se mantiene. Once imputados por crímenes de lesa humanidad en el Primer Cuerpo de Ejército que juzga el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) respondieron ayer que, por consejo de su defensora oficial Verónica Blanco, no iban a prestar declaración indagatoria. La jornada tuvo un comienzo inusual para la historia de los juicios a represores en Comodoro Py: una docena de fotógrafos y camarógrafos retrataron durante cinco minutos, antes del comienzo, a Guglielminetti, Simón & Cía. El proceso por secuestros y torturas en el circuito Atlético-Banco-Olimpo continuará el lunes, cuando el TOF2 les conceda la palabra a los imputados que tienen abogado particular: el capitán Enrique Del Pino y los policías Samuel Miara, Eufemio Uballes y Roberto Rosa.

Cuando el gendarme Guillermo Cardozo pasó al frente, el resto de los imputados debieron abandonar la sala, esposados de a dos. La jueza Ana María D’Alessio le explicó que no estaba obligado a declarar, que no debía prestar juramento y que no se usaría el silencio en su contra.

–¿Entendió los hechos motivo de la imputación?

–No voy a declarar –se apuró el gendarme.

Con tono cordial, D’Alessio le explicó que debía responderle.

–Lo he entendido –se explayó.

Dio sus datos personales, ratificó la negativa y durante una hora escuchó su indagatoria en instrucción. Tras el Mundial de 1978, el coronel Roberto Roualdes lo designó en el Destacamento Móvil 1 de Gendarmería para “dar seguridad al lugar de reunión de detenidos en Lacarra y Falcón”, léase Olimpo. Debió “preparar a cuarenta hombres para dar seguridad” ante “posibles ataques subversivos”, dijo, y agregó que Roualdes le aseguró que eran “detenidos en transición” que “iban a recuperar su libertad”. Su mayor desafío fue enfrentar “la desmoralización de mi fuerza” por la mala comida, la falta de lugar de alojamiento y el maltrato de militares y policías que los consideraban “negritos del interior”. Fechó el “repliegue del personal” en enero de 1979, tras el último traslado de El Olimpo. “Gendarmería no tenía responsabilidad sobre terroristas detenidos” y tampoco sobre “la destrucción de documentos que probarían mi inocencia”, dijo. “No cometí delitos, simplemente cumplí con mi deber”, concluyó.

El comisario Raúl González dijo al pie de la letra las dos frases que le indicó su abogada: “Por pedido expreso de mi defensa me niego a declarar” y “Mi domicilio es la unidad penal de Marcos Paz”. En las declaraciones que le leyeron aseguró no haber conocido centros de detención. “Cumplía funciones técnicas, como oficial de comunicaciones”, agregó. Negó conocer los alias de los represores, excepto el de Julio Simón, “Turco Julián”, por las entrevistas en televisión.

Raúl Guglielminetti se presentó como “comerciante”. Dijo haber sido “empleado civil del Ejército durante cuatro años”, periodista en Neuquén y hombre abocado a “actividades privadas” en Estados Unidos y España.

–¿Va a prestar declaración? –preguntó D’Alessio.

–No en este momento, señora presidenta –dijo.

Su indagatoria en instrucción fue breve. “No tenía acceso a lugares operativos y no me consta que los mencionados lo fueran”, dijo luego de ser detenido en su quinta La Mapuche, de Mercedes.

Luego se leyó la declaración de Juan Carlos Falcón, custodio del ministro del Interior Albano Harguindeguy hasta 1982, detalle que “me convirtió en un blanco fácil”, dijo. Explicó que apodaban Kung Fu a todos los karatecas del Círculo Policial, pero que no fue él quien actuó en cautiverio, adjudicó la confusión al inspector Peregrino Fernández, ayudante de Harguindeguy en 1976, y aseguró que el Kung Fu torturador fue el suboficial Luis Armando Galarce, porque “estuvo en el departamento Situación Subversiva”. Por la tarde, luego de un cuarto intermedio, ratificaron su silencio el gendarme Eugenio Pereyra Apestegui, el penitenciario Juan Carlos Avena y los policías Simón, Eduardo Kalinec, Luis Donocik, Oscar Rolón y Ricardo Taddei.
Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-136743-2009-12-10.html

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miércoles, 25 de noviembre de 2009

Comenzó el juicio contra 17 represores del circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo.

El juicio contra diecisiete represores por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo se dio inicio este martes.

El debate comenzó en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 14, con la participación de 46 querellas de organizaciones y particulares.

de Reunión del Batallón de Inteligencia 601.

El Tribunal

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 estará a cargo de este juicio, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara (presidente del tribunal), Ana María D´Alessio, María Laura Garrigós de Rébori, y María del Carmen Roqueta (4° juez).

Las víctimas

En este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 184 personas. Por el homicidio de dos de ellas y la privación ilegal de la libertad de un menor se juzga a seis represores; por la privación ilegal de la libertad y tormentos de 181 personas, se acusa a quince.

La instrucción de estas causas estuvo en manos del juez de primera instancia Daniel Rafecas, y se trata de una elevación parcial, que no abarca la totalidad de los delitos que se encuentran denunciados en la causa ABO.

De hecho, el juez dejó fuera de los procesamientos los delitos que esos mismos genocidas cometieron contra otras 356 personas que estuvieron secuestradas en esos mismos campos de concentración.

Los delitos cometidos contra 208 de esas víctimas se encontraban ya denunciados -con testimonios- en la causa antes de la elevación del presente juicio. Las otras 148 son víctimas que, según consta en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también estuvieron secuestradas en los mismos Centros de Detención y permanecen desaparecidas o fueron asesinadas.

En el año 2007 fueron identificados los restos de Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, Helios Serra, Jesús Pedro Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino.

Los casos de cinco de esas víctimas forman parte de este juicio oral. Sin embargo sólo se procesó a los represores por sus secuestros y tormentos, y no por sus homicidios. Los cuatro restantes no fueron incluidos.

Además, este juicio presenta una característica que se reiteró en juicios anteriores que consiste en convocar a declarar como testigos a sobrevivientes cuyos casos fueron dejados fuera del debate. De esa manera las víctimas deben presentarse a declarar por lo sucedido a otros compañeros sin que los delitos cometidos contra ellos mismos por los mismos represores a los que se juzga, sean tenidos en cuenta.

Fuente: www.agencianova.com

El Martes 24 de Noviembre Comenzó el Juicio

lunes, 23 de noviembre de 2009

Lunes, 23 de noviembre de 2009
Comienza el juicio a diecisiete represores del Primer Cuerpo de Ejército

La banda de Suárez Mason en el Olimpo

Los represores juzgados actuaron en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y Olimpo, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército. Estaban bajo las órdenes de Suárez Mason y de Olivera Róvere.

Por Diego Martínez - Pagina12 -

El ex oficial de inteligencia Raúl Guglielminetti será uno de los enjuiciados.

El “Turco Julián” reparte cadenazos y explica: “No soy un monstruo, lo hago por la patria”. Un adolescente judío es obligado a ladrar, caminar y morder como un perro. “Quintana” toca la guitarra y le canta el feliz cumpleaños a un secuestrado. “Cobani” muele a patadas a una mujer embarazada de siete meses. “Soler” se ufana de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. “El Cura” lleva un televisor para que los cautivos vean la misa de domingo y se ofrece como confesor para impartir castigos y absoluciones. Guerreros sin uniforme recitan discursos de Hitler y violan a mujeres indefensas.

Las imágenes, recuerdos de sobrevivientes de los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo, se recrearán a partir de mañana en el subsuelo de Comodoro Py, donde el Tribunal Oral Federal 2 (TOF-2) juzgará durante ocho meses a diecisiete imputados por secuestros, torturas y homicidios contra 184 víctimas. Los delitos de lesa humanidad que llegan a juicio se cometieron en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, bajo el mando de los generales Carlos Suárez Mason, ya fallecido, y Jorge Olivera Róvere, condenado por el TOF-5 a prisión perpetua simbólica: en libertad.

El juicio oral que conducirán Jorge Alberto Tassara, Ana María D’Alessio y María Laura Garrigós de Rébori será el más representativo hasta ahora de las dimensiones del terrorismo de Estado en la ciudad de Buenos Aires. Desde el primer proceso por delitos de lesa humanidad en Py, en 2006, pasaron por el banquillo autores mediatos como los brigadieres de Mansión Seré o los ex jefes de áreas, ladrones de bebés como el gendarme Víctor Rei, asesinos como los de la Masacre de Fátima, y el torturador Julio Simón, alias “Turco Julián”, juzgado en soledad. El juicio que comienza mañana, con cuatrocientos testigos y quince imputados como autores directos de los delitos, marca un quiebre en el proceso de verdad y justicia, que dará un nuevo paso el 11 de diciembre, cuando comiencen a rendir cuentas ex miembros de grupos de tareas de la ESMA, y otro cuatro días más tarde, cuando arranquen las audiencias con ocho represores de El Vesubio como acusados.

Diez de los imputados son de la Policía Federal, entre ellos el principal Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”, de breve fama por su relación con el juez Norberto Oyarbide en un caso de protección de prostíbulos; el oficial Ricardo Taddei, alias “Padre” o “Cura”, detenido en 2006 en Madrid y extraditado desde España, donde vivió veinte años; el subcomisario Samuel Miara, alias “Cobani”, condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa; el suboficial Simón, que va en busca de su tercera condena; y el guardia Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”, por su destreza en las artes marciales. Los últimos tres son investigados en primera instancia por abusos sexuales denunciados por sobrevivientes. Acompañarán a los policías un agente del Servicio Penitenciario Federal, dos oficiales superiores de Gendarmería responsables de la seguridad de los centros clandestinos y los traslados a Campo de Mayo, y cuatro integrantes del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde se procesaba la información obtenida en las mesas de torturas y se ordenaban nuevos secuestros: su ex jefe, coronel Carlos Alberto Roque Tepedino; el agente civil Raúl Guglielminetti, famoso por su eficacia en secuestros extorsivos a principios de los ‘80 y ex custodio del presidente Raúl Alfonsín; el capitán Enrique José Del Pino, alias “Miguel”, detenido en 2007 luego de un año y medio prófugo; y el coronel Mario Alberto Gómez Arenas, condenado en Neuquén por su actuación como jefe del Destacamento de Inteligencia 182. Gómez Arenas será juzgado esta vez como segundo jefe de la Central de Reunión del batallón de Viamonte y Callao.

A diferencia de los jerarcas de Mansión Seré o de los ex jefes de áreas, que comenzaron y terminaron el proceso en libertad, la mayor parte de los imputados que juzgará el TOF2 están detenidos en cárceles: ocho en el pabellón de lesa humanidad de Marcos Paz, tres en Devoto, tres en Ezeiza, y el capitán Del Pino en la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en el corazón de la mayor guarnición del Ejército, donde ningún fiscal ni juez federal realizó nunca una inspección ocular. Sólo el coronel Tepedino, retratado por Página/12 en 2003 mientras violaba el arresto domiciliario, conserva ese privilegio por gentileza de la justicia.

El circuito Atlético, Banco y Olimpo fue en la práctica “un mismo centro que mutó de nombre y ubicación pero no de detenidos, guardias y elementos de suplicio”, escribió el juez federal Daniel Rafecas, responsable de la instrucción de la megacausa Primer Cuerpo. El primero funcionó hasta diciembre de 1977 en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón, y fue demolido para construir la autopista 25 de Mayo. Patotas y secuestrados fueron trasladados de manera provisoria a El Banco, en Autopista Riccheri y Camino de Cintura, mientras se acondicionaba El Olimpo, en Lacarra y Ramón Falcón, funcionó hasta fines de 1979, cuando Suárez Mason dejó la jefatura del Primer Cuerpo.

El juicio oral tendrá dos etapas. La primera es la causa “Miara”, tiene quince acusados y abarca 181 casos de privaciones ilegales de la libertad y torturas. La segunda, conocida como “Tepedino”, es sobre el homicidio de Carlos Fassano y Lucila Révora de De Pedro, embarazada de ocho meses. Tiene a dos imputados comunes (Del Pino y el penitenciario Juan Carlos Avena), a quienes se sumarán los coroneles Tepedino y Gómez Arenas. La postergación es porque el ex jefe del Batallón 601 afronta desde hace tres semanas su primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, en el TOF de San Martín.

La instrucción de la megacausa “Primer Cuerpo” continúa a cargo del juez Rafecas, que en junio del año pasado elevó los casos que llegan a juicio. Tras la reasignación de expedientes que por razones de conexidad se abarrotaban en el TOF-5, ordenada por la Cámara Nacional de Casación Penal a instancias de la Procuración General de la Nación, el juicio a los grupos de tareas de la Policía Federal recayó en el TOF-2. El comienzo estaba previsto para el 20 de octubre pero se postergó por las denuncias contra el juez subrogante Alberto Pravia, investigado por irregularidades en un concurso del que participó como jurado.

La acusación estará a cargo del fiscal federal Alejandro Alagia y de un grupo de organismos encabezados por el CELS y Kaos. El juicio comenzará mañana a las 14 con la lectura del auto de elevación. Dos horas antes, en la vereda de Comodoro Py, la agrupación H.I.J.O.S. lanzará la campaña “Ponete la camiseta por el Juicio y Castigo”. A diferencia de sus pares del TOF-5, los jueces Tassara, D’Alessio y Garrigós de Rébori permitirán el ingreso de reporteros gráficos minutos antes de cada audiencia. A diferencia del resto de los tribunales que juzgan crímenes de la dictadura, impedirán tomar imágenes de los acusados hasta la etapa de los alegatos. Se trata de un novedoso modo de burlar la acordada de la Corte Suprema de Justicia sobre publicidad de los procesos, ahora con el objetivo de volver a someter a los sobrevivientes a reconocimientos en público de quienes los torturaron en cautiverio.

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martes, 20 de octubre de 2009

Postergan el Juicio


Martes, 20 de octubre de 2009
Denuncias contra Pravia postergan un juicio

Guglielminetti en la larga espera

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El ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti.

El juicio oral por crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, cuyo comienzo estaba previsto para hoy, se retrasará cerca de un mes a raíz de las denuncias contra Alberto Pravia, uno de los jueces subrogantes que componen el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF2), con base en la ciudad de Buenos Aires. En este juicio de la megacausa del I Cuerpo del Ejército serán juzgados, entre otros, el ex agente de inteligencia civil Raúl Guglielminetti y el ex policía Julio Simón, conocido como “el Turco Julián”, que ya fue condenado a 25 años de prisión en 2006, en lo que fue la histórica primera condena a un represor luego de la anulación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Pravia, proveniente del TOF de Santiago del Estero, había sido designado como subrogante del TOF2 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación especialmente para acelerar el comienzo del juicio contra los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Pero finalmente el mismo tribunal tomó la decisión de postergar el proceso luego de que se hiciera una denuncia contra el magistrado en una causa por trampas en el concurso para designar a un juez federal en Paraná, del que Pravia participó como jurado.

El TOF2 tomó la decisión de postergar el juicio frente al reclamo del fiscal Alejandro Plagia y de los defensores de los 18 imputados de haber cometido al menos 180 casos de privación ilegítima de la libertad en los tres centros de detención que dependían del I cuerpo del Ejército en la ciudad de Buenos Aires, el Atlético, el Banco y el garage Olimpo.

Además de Guglielminetti y el Turco Julián, serán juzgados los comisarios de la Policía Federal Samuel Miara, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik y Oscar Augusto Isidoro Rolón, así como los ex gendarmes Guillermo Cardozo y Eugenio Pereyra Apestegui. En otra causa agregada se juzgará al ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Carlos Tepedino y a sus subordinados.

miércoles, 2 de septiembre de 2009

La hora de Guglielminetti - Pagina12

La hora de Guglielminetti


Al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y al subcomisario Samuel Miara les llegó la hora de la justicia. Desde el 20 de octubre serán sometidos a juicio oral en una causa por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Club Atlético, El Banco y Olimpo. El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, que enjuiciará a ambos detenidos y a otros ex policías y agentes penitenciarios por privación ilegal de la libertad de unos 180 secuestrados, además de tormentos. Este será el primer juicio oral por delitos de lesa humanidad que tendrá en el banquillo de los acusados a Guglielminetti, alias “Guastavino”, ex agente civil de inteligencia del Ejército que fue detenido el 11 de agosto de 2008 por orden del juez federal Daniel Rafecas en la causa que forma parte de la megainvestigación por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Primer Cuerpo del Ejército. Tanto él como Miara están detenidos con prisión preventiva confirmada por la Cámara Federal. Miara había sido condenado en 1998 a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos ReggiardoTolosa, a quienes crió como propios. En agosto del año pasado, al terminar de cumplir esta pena, pidió la excarcelación en la causa por la que ahora llega a juicio oral, un planteo rechazado por el Tribunal de Apelaciones federal. El juicio se iniciará a las 14 en los tribunales federales de Retiro y se calcula que declararán unos 400 testigos. El Tribunal juzgará en forma paralela dos causas. Junto a Miara y Guglielminetti serán juzgados los ex miembros de la Federal Julio “Turco Julián” Simón, Raúl González, el subcomisario Eufemio Uballes, Eduardo Kalinec, Roberto Rosa y Juan Carlos Falcón. También estarán en el banquillo de los acusados Luis Donocik y Oscar Rolón, además de ex gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario Federal.